Aguirre sin Lope o la ira de Dios - 1 de septiembre de 2009

Madrid es más que el centro donde se negocia el funcionamiento de todo el estado, es una realidad política compleja en sí misma y con luchas de poder constantes. La región y su capital, sin ir más lejos, están gobernados por dos políticos que, pese a ser del mismo partido, son rivales acérrimos. La presidenta Esperanza Aguirre y el Alcalde Ruiz Gallardón interpretan un drama shackespeareano lleno de sutilezas en la que ninguno lanza un ataque final ni cede un palmo al protagonismo del otro. No sólo los populares están metidos en estas intrigas: Izquierda Unida se salvó de milagro de una escisión cuando apoyó al gobierno regional conservador en su golpe de mano para hacerse con el control de Caja Madrid y en el Partido Socialista Madrileño aún no han cicatrizado las heridas de años de derrotas electorales y esos tránsfugas que dieron indirectamente el poder en 2003 a Esperanza Aguirre, hoy inamovible del Palacio de la Puerta del Sol.
En medio de todas estas polémicas, apareció el espionaje, que se ha convertido en un tema central, más allá incluso de la política madrileña. Las últimas acusaciones de Dolores de Cospedal sobre las supuestas escuchas ilegales presuntamente orquestadas desde el gobierno central son graves y arriesgadas, pero no sorprenden en Madrid porque aquí se lleva meses oyendo hablar de espionaje.
Y es que diversos informes aparecidos durante el primer semestre de 2009 revelan que altos cargos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento fueron seguidos y espiados por una unidad especial al servicio de la Consejería de Interior. En concreto, los más afectados por dichas prácticas de guerra fría fueron Alfredo Prada, antes mano derecha de Esperanza Aguirre y hoy marianista implicado en la dirección nacional del PP y Manuel Cobo, delfín del Alcalde Ruiz Gallardón y el único que intentó disputar el poder a Aguirre en el PP madrileño. Lo más grave de este caso, que no está siendo investigado por el PP y sí por la justicia era que estos seguimientos e informes estaban pagados con dinero público y llevados a cabo por ex.guardias civiles próximos a Francisco Granados, consejero de interior de la Comunidad de Madrid. Sólo el verano calmó los ánimos y sacó esta trama de espías a lo James Bond o Watergate de la agenda política.
Pero ha vuelto el curso con más acusaciones de espionaje. Esta vez es Ignacio González, vicepresidente del gobierno de Aguirre, el espiado. Según revela Interviú esta semana, una agencia de detectives ha cobrado 100.000 euros por hacer un seguimiento exhaustivo del número 2 La presidenta ha dejado entrever que detrás de toda esta operación está la mano no sólo invisible, sino inmensa e hiperactiva, de Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Interior. Y es que, pese a todo el chaparrón que le viene encima, Esperanza Aguirre no deja de ser la punta de lanza del ataque popular al gobierno socialista.